El Consejo de Ministros ha dado luz verde al primer tramo de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una medida destinada a blindar a las empresas españolas ante las recientes políticas arancelarias impuestas por la Administración Trump. Dotado con 1.000 millones de euros, este paquete de apoyo financiero representa el primer paso de un plan más amplio que contempla hasta 5.000 millones de euros en total.
Esta actuación se enmarca dentro del llamado Plan de Recuperación y Relanzamiento, diseñado para salvaguardar la competitividad del tejido productivo español en un entorno global marcado por la incertidumbre y el proteccionismo. El foco está puesto en aquellas empresas cuyas exportaciones o importaciones con EE.UU. superen el 5% de su cifra de negocio, así como en aquellas con exposición indirecta al mercado estadounidense, por su papel dentro de cadenas de valor internacionales.
Dos ejes de apoyo: liquidez y reconversión
El tramo activado se divide en dos líneas con finalidades diferenciadas. La primera modalidad, que absorbe 750 millones de euros, está orientada a proporcionar liquidez inmediata a corto plazo. Los préstamos avalados podrán cubrir hasta el 80% del importe concedido por las entidades financieras y tendrán un plazo de hasta cinco años, con uno de carencia incluido.
La segunda modalidad, con los 250 millones de euros restantes, está pensada para facilitar proyectos de inversión o reconversión. En este caso, el ICO podrá garantizar hasta el 80% del valor del proyecto y el 100% del circulante asociado, con plazos de amortización de hasta diez años y un periodo de carencia de tres años.
Una diferencia clave entre ambas es que las operaciones de inversión por menos de un millón de euros se canalizarán directamente a través de las entidades financieras colaboradoras, mientras que aquellas que superen ese umbral requerirán cofinanciación con el ICO.
Acceso hasta 2026 y criterios de elegibilidad
Los préstamos bajo esta línea podrán solicitarse hasta el 30 de junio de 2026, lo que otorga a las empresas un amplio margen para reorganizar sus estrategias financieras y operativas. El Ministerio de Economía ha subrayado que podrán beneficiarse no solo las empresas con exposición directa al comercio con Estados Unidos, sino también aquellas cuya actividad se vea afectada indirectamente, como proveedores clave de sectores exportadores o integrantes de cadenas de suministro transnacionales.
El objetivo es contener el golpe derivado del nuevo proteccionismo norteamericano, que amenaza con aranceles generalizados de hasta el 20% para productos europeos. Una medida que ha despertado la preocupación del tejido empresarial español, especialmente en sectores como la automoción, la alimentación, los bienes de equipo y la industria química.
Apoyo político y consenso
La ministra portavoz Pilar Alegría afirmó tras el Consejo de Ministros que la medida ha sido consensuada con todos los grupos políticos, destacando la disposición del Gobierno a dialogar con el Partido Popular para detallar las condiciones de acceso y el funcionamiento del programa.
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Por su parte, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ya había adelantado la semana pasada que se compartirían los criterios técnicos y de ejecución con la oposición para garantizar la transparencia y la efectividad de la iniciativa.
Esta colaboración entre Ejecutivo y fuerzas parlamentarias busca enviar un mensaje claro: unidad frente a un desafío externo que afecta al corazón del modelo exportador español.
Empresas en alerta
En el entorno empresarial, la puesta en marcha de este primer tramo ha sido bien recibida. Para muchas compañías, especialmente aquellas con fuerte proyección exterior, esta línea de avales representa un salvavidas financiero ante un escenario de costes crecientes e incertidumbre operativa.
“La activación de esta línea de avales nos da algo de oxígeno en un momento crítico. Nos permite planificar inversiones y mantener nuestros compromisos con socios y clientes estadounidenses”, explicaba esta semana el director financiero de una mediana empresa del sector agroalimentario, muy expuesta al mercado estadounidense.
Otras voces del sector industrial coinciden en que lo importante será la agilidad con la que se tramiten los avales y la flexibilidad para atender diferentes necesidades, desde la compra de materias primas hasta la inversión en maquinaria para adaptarse a las nuevas condiciones de acceso al mercado exterior.
Impacto más allá de la frontera
El fondo de esta línea de actuación no se limita a contener una crisis coyuntural. Para el Ejecutivo, también se trata de reforzar la autonomía estratégica de la economía española, fomentar la transformación industrial y reducir la vulnerabilidad ante cambios geopolíticos y comerciales.
No en vano, el segundo eje de esta línea ICO está orientado a promover procesos de reconversión industrial, digitalización, eficiencia energética y mejora de la competitividad. Todo ello con un horizonte a medio y largo plazo, que mire más allá de los vaivenes arancelarios y las tensiones bilaterales.
Próximos pasos
Este primer tramo supone solo el comienzo de un despliegue más amplio. En los próximos meses, el Gobierno prevé lanzar nuevas convocatorias hasta completar los 5.000 millones de euros comprometidos. El ritmo de desembolso dependerá tanto del nivel de demanda como de la evolución del conflicto comercial con Estados Unidos.
Entretanto, desde el Ejecutivo ya se ha lanzado un mensaje de calma a las empresas: “No están solas ante esta coyuntura”. Y con esta línea de avales, el ICO vuelve a desempeñar su papel como columna vertebral del apoyo público a la economía real.
Puntos clave
- El Gobierno activa 1.000 millones de euros del plan de avales ICO frente a los aranceles estadounidenses.
- 750 millones irán destinados a cubrir necesidades de liquidez, y 250 millones a financiar inversiones.
- Las empresas con más del 5% de su actividad expuesta a EE.UU., directa o indirectamente, podrán acceder a estos fondos.
- Los préstamos avalados cubrirán hasta el 80% del importe y se podrán solicitar hasta junio de 2026.