La Comisión de Trabajo Justo de Australia aprobó esta semana un aumento del 3,5% para los empleados con salarios más bajos del país. La decisión afecta directamente al 20% de la fuerza laboral y se presenta como un giro en la estrategia de gestión salarial, tras años de contención en nombre del control inflacionario.
El fallo incorpora una revisión metodológica que reconoce, por primera vez, que el cálculo tradicional de los recortes salariales reales subestimaba el impacto de la inflación.
Según el último artículo publicado por Phys.org, la Comisión señaló que, si bien el deterioro salarial medio desde julio de 2021 se había estimado en un 4,5%, la pérdida real de capacidad adquisitiva alcanza el 14,4% al aplicar un enfoque anualizado más preciso.
Este nuevo marco de análisis plantea un giro en la política salarial australiana. Hasta ahora, los ajustes habían priorizado el control de la inflación, incluso a costa del salario real de quienes menos ganan. La resolución actual rompe con esa lógica y plantea la posibilidad de un enfoque más estructural para mejorar los ingresos de base.
La otra cara del crecimiento económico
Mientras los multimillonarios australianos crecían en número —de 150 a 166 en solo un año, según la Lista de Ricos del Australian Financial Review—, los trabajadores con salarios bajos veían cómo su ingreso se mantenía por debajo de los niveles anteriores a la crisis pospandemia. La aprobación de este aumento apunta a corregir parte de esa asimetría.
La Comisión sostuvo que mantener por más tiempo los recortes reales podría consolidar tasas mínimas de adjudicación peligrosamente bajas. A esto se suma un entorno económico general más favorable, con una inflación moderada en 2,4%, desempleo estable y beneficios crecientes en el sector empresarial.
Esta coyuntura ha permitido revaluar la narrativa dominante desde 2021, que atribuía a los aumentos salariales el riesgo de alimentar una inflación descontrolada. Durante tres años consecutivos, este argumento pesó más que la necesidad de ajuste real, lo que resultó en un empobrecimiento progresivo del 20% de la fuerza laboral.
Una de las novedades más importantes de la decisión es el cambio en el modo de medir la pérdida salarial real. Hasta ahora, se utilizaban cifras mensuales de inflación frente a incrementos salariales anuales, lo cual diluía el impacto acumulado. La Comisión reconoció que ese enfoque no reflejaba fielmente la experiencia económica de quienes cobran bajo el sistema de adjudicaciones.
A partir de este año, el nuevo cálculo toma en cuenta que los precios suben de forma continua mientras los sueldos solo se ajustan una vez al año. Así, el deterioro salarial real del 4,5% para un trabajador en manufactura con salario inicial —como se venía diciendo—se convierte en una pérdida del 14,4%.
Esta diferencia tiene consecuencias en la forma de diseñar las políticas futuras. La Comisión dejó claro que este será el nuevo marco de referencia para próximas revisiones.
Productividad: ¿excusa o freno?
Uno de los argumentos más usados por sectores empresariales para frenar aumentos fue el estancamiento de la productividad. La Comisión no ignoró ese dato, pero sí lo relativizó. De hecho, señaló que el bajo crecimiento agregado se debe en parte al bajo rendimiento de los sectores no mercantiles, como salud o servicios sociales, donde se requieren más trabajadores por unidad de producción para mejorar la calidad.
En contraste, en los sectores orientados al mercado, la productividad ha sido modesta pero positiva. Por ello, el organismo desestimó que este indicador justifique mantener los salarios bajos en todas las áreas por igual.
¿Más que un ajuste anual?
La Comisión fue más allá del aumento del 3,5% y dejó abiertas varias líneas de reforma. Una de ellas es la posible eliminación de ciertas clasificaciones salariales extremadamente bajas dentro del sistema de premios. Esta vía no requiere aumentos directos, sino la desaparición progresiva de escalones que permiten sueldos por debajo de lo que hoy se considera digno.
La Comisión ya recurrió a esta vía en otras ocasiones y ahora la reactiva como una herramienta para fortalecer los ingresos más bajos sin depender exclusivamente de los aumentos anuales.
En paralelo, el reconocimiento explícito del deterioro acumulado refuerza la idea de que los trabajadores con salarios bajos no han sido responsables de las presiones inflacionarias recientes. Por el contrario, han funcionado como amortiguadores de la política monetaria restrictiva.
Hacia una política más equitativa
Australia cuenta con uno de los sistemas de fijación salarial más elaborados del mundo. El enfoque tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores ha sido un modelo durante décadas. Sin embargo, desde 2021 ese modelo se había inclinado en exceso hacia la contención salarial como mecanismo de control macroeconómico.
Con este nuevo ajuste y, sobre todo, con el marco técnico que lo sustenta, la Comisión parece dispuesta a reequilibrar ese enfoque. El aumento del 3,5% reconoce un daño real prolongado, y la decisión de replantear categorías laborales podría derivar en una mejora más permanente.
La posibilidad de que 2025 traiga decisiones más ambiciosas está sobre la mesa. En ese sentido, la publicación de Phys.org ofrece una lectura optimista: el salario mínimo en Australia puede volver a ser una herramienta de equidad, y no solo de estabilización.
Puntos clave
- La Comisión aprobó un aumento del 3,5% para los trabajadores con ingresos más bajos
- El nuevo cálculo señaló que los salarios reales cayeron un 14,4% desde 2021.
- Los multimillonarios crecieron en número mientras los salarios bajos se estancaron.
- El nuevo marco busca reequilibrar el sistema salarial tripartito australiano.