La Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona tiene un punto claro en el orden del día: la vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al encuentro con una propuesta que pretende convertirse en el eje de un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030.
El objetivo es movilizar 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años, blindar la calificación de las viviendas públicas de forma indefinida y dotar de transparencia al mercado con una base de datos pública sobre precios reales de compra, venta y alquiler.
Se trata de una iniciativa que, en palabras del propio Sánchez, busca que el acceso a la vivienda deje de ser una fuente de desigualdad. En la carta enviada a los líderes autonómicos, el jefe del Ejecutivo reclama un debate “sereno y constructivo” para hacer frente a uno de los mayores retos sociales y económicos del país. Sin embargo, la cita llega en un contexto de fuerte polarización política, con las comunidades del PP alineadas contra la Ley de Vivienda estatal y cuestionando la eficacia de las medidas propuestas desde Moncloa.
Triplicar la inversión pública
La primera gran medida del plan consiste en triplicar los fondos públicos destinados a vivienda respecto al Plan Estatal 2022-2025. El nuevo esquema contempla una inversión conjunta de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportaría 4.000 y las comunidades autónomas, al menos, 2.700 millones. Esta condición busca asegurar la corresponsabilidad autonómica en una materia de competencia compartida, según recalca la carta de Sánchez.
El Gobierno plantea que una parte significativa de esa inversión se destine a construir y rehabilitar vivienda pública tanto en régimen de propiedad como de alquiler. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió que este aumento de recursos permitirá “construir antes, más y mejor vivienda para las personas que lo necesitan”.
Vivienda protegida para siempre
Otro de los pilares de la propuesta gubernamental es el blindaje indefinido de las viviendas de protección pública. La intención es que aquellas viviendas financiadas con dinero público no puedan ser descalificadas ni vendidas a precio de mercado, como ha ocurrido en décadas pasadas con más de dos millones de viviendas protegidas construidas en España.
“Queremos evitar que lo que hoy se construye con fondos públicos termine en manos de fondos de inversión dentro de unos años”, afirmó la ministra Rodríguez en un acto reciente en Cubelles, donde entregó llaves de 124 viviendas asequibles junto a la consellera catalana Sílvia Paneque. Cataluña, por su parte, ya ha anunciado que se sumará a la propuesta estatal y considera “clave” la colaboración institucional para ampliar la oferta asequible.
Más transparencia en el mercado
La tercera medida propuesta por el Gobierno es la creación de una base de datos estatal en la que todas las administraciones viertan los datos de los que dispongan sobre precios reales de alquiler y compraventa. Esta base de datos estaría abierta al público y serviría tanto para mejorar las políticas públicas como para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.
La iniciativa busca “acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados”, según el documento enviado por Moncloa. Desde el Ejecutivo consideran que la falta de datos fiables impide una negociación justa entre propietarios e inquilinos, así como la formulación de políticas eficaces.
El rechazo de las comunidades del PP
La propuesta gubernamental no ha sido bien recibida por la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Aunque algunas de ellas, como Galicia, han aplicado medidas puntuales como la declaración de zonas tensionadas, la posición general del PP es crítica con la Ley de Vivienda y con el planteamiento del Ejecutivo central.
Desde Andalucía, la portavoz del Gobierno autonómico ha acusado al Ejecutivo de ofrecer “muchas condiciones y pocas soluciones”, y ha reclamado que se pase “del papel al ladrillo”. En términos similares se ha expresado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien considera la propuesta un “anuncio publicitario” sin garantías de cumplimiento.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto en duda la credibilidad del Gobierno central en materia de vivienda y ha exigido hechos en lugar de promesas. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado lo que califica de “plan improvisado”, mientras que desde la Comunitat Valenciana se advierte de que las limitaciones al alquiler están expulsando vivienda del mercado y elevando los precios.
Una brecha entre modelos
La confrontación entre modelos es clara. Mientras el Gobierno central defiende una mayor intervención en el mercado y una apuesta decidida por la vivienda pública, las comunidades del PP insisten en medidas orientadas al incremento de la oferta desde el ámbito privado: liberar suelo, facilitar licencias, incentivar la compra y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
Ambas visiones chocarán en la Conferencia de Presidentes, que en esta edición se celebra precisamente en Barcelona, una ciudad que el Gobierno cita como ejemplo del éxito de su política de vivienda. Según Moncloa, allí donde se ha aplicado el Índice de Precios de Referencia, el precio del alquiler ha caído un 3,7 % sin pérdida de oferta.
El desafío de alcanzar consensos
Pese a las diferencias, el Gobierno insiste en que este puede ser un punto de partida para lograr un acuerdo de largo recorrido. “Los españoles no nos eligen para llevar el ruido partidista a las instituciones, sino para resolver sus problemas”, afirma Sánchez en la misiva.
La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y el contexto inflacionario no ha hecho sino acentuar las tensiones del mercado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda ha subido un 11,3 % en lo que va de 2024, con picos superiores al 13 % en algunas regiones. Si no se incrementa la oferta, como advierte BBVA Research, el problema no hará más que agravarse.
Por ahora, el acuerdo es incierto. Pero la necesidad de soluciones es evidente, y el encuentro de hoy podría marcar el rumbo de los próximos años en materia de vivienda en España.
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