Tras años de peticiones y litigios judiciales, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma clave para miles de profesionales colegiados: la posibilidad de integrarse de forma voluntaria en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), dejando atrás el sistema de mutualidades alternativas.
La principal novedad es que, por primera vez, estos trabajadores tendrán garantizado el acceso a una pensión pública mínima. La medida responde a una reivindicación largamente sostenida por colectivos profesionales y asociaciones de autónomos, que denunciaban la desigualdad estructural de quienes quedaban fuera del sistema público.
Quién puede acogerse y en qué condiciones
El nuevo decreto contempla que podrán acogerse a esta integración los profesionales que actualmente coticen exclusivamente en mutualidades alternativas a la Seguridad Social. Es decir, abogados, arquitectos, procuradores, economistas, ingenieros y otros profesionales colegiados. Durante años, estos esquemas privados fueron defendidos como una alternativa más flexible. Sin embargo, sus prestaciones han demostrado ser insuficientes.
Según datos de la Asociación de Cuotas Alternativas, más del 70% de las pensiones pagadas por las mutualidades no alcanzan los 400 euros mensuales. Frente a ello, la pensión mínima del RETA supera los 743 euros al mes para quienes tienen cónyuge a cargo, lo que refleja la magnitud de la brecha.
Entrada escalonada y sin pérdida de derechos
La norma, de carácter voluntario, establece un proceso de incorporación progresivo a partir de 2025. Los interesados deberán solicitar el cambio y acreditar su pertenencia exclusiva a una mutualidad, así como los periodos de cotización. Uno de los puntos más destacados es que los años cotizados en estas entidades podrán computarse para la pensión siempre que se puedan justificar documentalmente.
Para facilitar la transición, se ha diseñado un sistema de adaptación con topes máximos a la cotización y acceso inicial a la base mínima. Además, durante los primeros años habrá bonificaciones para evitar desajustes financieros. Mientras tanto, las mutualidades podrán redefinirse como mecanismos de previsión complementaria, si así lo desean.
Garantías sociales y ampliación de derechos
Más allá de la pensión, el paso al RETA implica para los mutualistas el acceso a una cobertura social mucho más amplia: incapacidades temporales, bajas por maternidad y paternidad, y posibilidad de solicitar el Ingreso Mínimo Vital en situaciones de necesidad. Una integración que rompe con el aislamiento institucional de muchos profesionales.
Desde la Seguridad Social calculan que más de 40.000 profesionales podrían beneficiarse en los próximos tres años. El objetivo, según el Ministerio de Inclusión, es eliminar una brecha inaceptable en el siglo XXI y reforzar el carácter universal del sistema público.
Sostenibilidad y efecto en el sistema
Desde el Gobierno se asegura que el impacto presupuestario será asumible. El carácter voluntario, la entrada escalonada y los controles para validar las cotizaciones previas permitirán mantener el equilibrio financiero. Además, se espera que esta incorporación refuerce la base de cotizantes y, por tanto, contribuya a la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Reacciones: entre la esperanza y la cautela
La asociación de abogados afectados por la mutualidad (ANAMA) valoran que la propuesta del PSOE, aunque representa un avance, es “claramente insuficiente”, ya que excluye a un número importante de profesionales y establece criterios temporales que podrían generar desigualdad dentro del colectivo. En concreto, denuncian que introducir fechas límite para acogerse a la integración supone una discriminación de facto entre quienes se encuentran en situaciones similares, pero con trayectorias ligeramente distintas.
La organización admite que se trata de un paso en la buena dirección, pero advierte que la redacción actual es ambigua y puede dar lugar a múltiples interpretaciones. También cuestiona si la intención del grupo parlamentario es impedir el acceso a quienes ya han cotizado al menos 15 años en el sistema de la Seguridad Social, o si la restricción afectará también a quienes podrían alcanzar ese periodo tras su incorporación al RETA, dependiendo de su edad.
Así se podrá tramitar el cambio
El proceso de integración podrá realizarse de forma presencial, en las oficinas del INSS, o por vía telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Será imprescindible acreditar la pertenencia a una mutualidad alternativa y los periodos de aportación realizados. Para resolver dudas, se lanzará una campaña informativa y se habilitará un canal específico de atención a mutualistas.
Hacia una nueva arquitectura de la previsión social
La reforma no solo pone fin a una anomalía legal, sino que puede suponer el inicio de un rediseño más amplio del sistema de previsión en España. Si las mutualidades quieren sobrevivir, deberán reinventarse como esquemas complementarios, no sustitutivos. El debate sobre cómo articular ese segundo pilar está abierto.
En todo caso, el paso dado por el Gobierno marca un punto de inflexión. Por primera vez, se reconoce que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a los derechos sociales básicos.
Puntos clave
- El Gobierno aprueba un decreto que permite a los mutualistas integrarse voluntariamente en el RETA.
- Los beneficiarios tendrán acceso a pensiones mínimas públicas y cobertura social completa.
- La medida corrige una desigualdad histórica y se aplicará de forma progresiva desde 2025.
- Los años cotizados en mutualidades podrán computar para la pensión si se documentan adecuadamente.
- El cambio puede beneficiar a más de 40.000 profesionales colegiados en los próximos tres años.