Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, ha defendido con firmeza la sostenibilidad del sistema público de pensiones tras superar el Gobierno español el primer control de gasto con un margen estrecho. Esta evaluación, contemplada en la última reforma, busca determinar si es necesario activar la cláusula de ajuste para aumentar ingresos o reducir gastos y mantener el equilibrio financiero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado que el gasto medio neto en pensiones alcanza el 13,2% del PIB, justo por debajo del límite máximo del 13,3%.
A pesar de este resultado favorable, la Comisión Europea ha solicitado que se excluyan de los cálculos ciertas transferencias estatales que, según Bruselas, no deben considerarse ingresos reales del sistema. En concreto, la AIReF ha incluido en su análisis transferencias por valor de 0,3 décimas del PIB. De aceptarse el criterio europeo, el resultado del examen podría variar y poner en duda la sostenibilidad financiera del modelo actual.
Choque técnico entre el Gobierno y la AIReF
Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha reconocido que existen "algunas diferencias técnicas" con el organismo fiscalizador. Sin embargo, ha defendido el papel de la AIReF como entidad “independiente” y ha asegurado que el Ejecutivo “respeta su metodología”, aunque no la comparta en todos los puntos.
Estas diferencias se centran, principalmente, en la forma en que se han estimado los ingresos futuros del sistema. Según la ministra, la AIReF ha aplicado supuestos "conservadores" tanto en la reforma del mercado laboral como en el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, lo que lleva a una infravaloración de los ingresos reales esperados.
Estimaciones conservadoras en los ingresos futuros
La Comisión Europea, por su parte, no solo ha pedido cambios en la contabilidad, sino que ha solicitado que se adelante la próxima revisión del sistema, inicialmente prevista para 2028, a 2026. Esta decisión busca actualizar el diagnóstico y asegurar que se mantiene la sostenibilidad a medio plazo.
Elma Saiz ha valorado positivamente que el sistema haya superado este primer test, pero considera que adelantar el próximo examen es una oportunidad para demostrar que las reformas emprendidas están funcionando.
"No debemos ver que la activación de la cláusula pudiera ser algo catastrófico. La cláusula, señorías, está precisamente para dar certidumbres, no para generar miedo, y eso es lo que tenemos que hacer a la ciudadanía", ha insistido la ministra.
Un mecanismo de garantía fiscal ante desequilibrios
La cláusula a la que se refiere Saiz forma parte del mecanismo acordado con Bruselas y está pensada para activar ajustes automáticos si el gasto en pensiones supera los niveles acordados. Esta fórmula pretende dar confianza a los inversores y garantizar la sostenibilidad del sistema público en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre las cuentas públicas.
Según fuentes cercanas a la AIReF, el margen con el que se ha superado el examen es escaso, lo que implica que cualquier revisión metodológica, como la eliminación de las transferencias estatales, podría alterar el equilibrio actual. De ahí la urgencia de contar con datos actualizados antes de 2026.
Autonomía técnica y reformas aún en desarrollo
En este contexto, la AIReF se reafirma en su papel como evaluadora técnica y se defiende de las críticas indirectas del Ejecutivo. Desde el organismo que dirige Cristina Herrero insisten en que aplican criterios objetivos y que sus estimaciones se ajustan a la información disponible, sin que exista ninguna intención de alarmismo.
Mientras tanto, el Gobierno continúa desplegando las reformas comprometidas con Bruselas. Entre ellas, el nuevo sistema de cotización para autónomos y la mejora de las bases máximas, que deberían incrementar los ingresos del sistema. No obstante, estos efectos todavía no se reflejan de forma clara en los cálculos actuales, lo que explica parte de las divergencias con la AIReF.
Presión política y escenario incierto hasta 2026
En paralelo, el debate sobre las pensiones sigue siendo uno de los temas más sensibles en el panorama político. La oposición ha criticado la opacidad del Ejecutivo y ha exigido transparencia sobre los verdaderos efectos de las reformas aprobadas. Desde el Ministerio, en cambio, se insiste en que el sistema es sólido y que las discrepancias con la AIReF son parte natural del proceso técnico.
El equilibrio del sistema depende no solo de las medidas ya implementadas, sino también del contexto económico y del comportamiento del mercado laboral. Por eso, adelantar el análisis de 2028 a 2026 podría convertirse en una herramienta clave para ajustar a tiempo las políticas necesarias.
Puntos clave
- El primer control sobre el gasto en pensiones se aprueba con un 13,2% del PIB, justo por debajo del límite del 13,3%.
- La AIReF y el Ministerio discrepan sobre el cómputo de ciertas transferencias como ingresos del sistema.
- Bruselas exige excluir esas partidas y adelantar el próximo examen del sistema a 2026.
- Elma Saiz defiende que “activar la cláusula no debe entenderse como algo catastrófico”.
- La sostenibilidad a medio plazo dependerá de los efectos reales de las reformas aún en fase de implantación.