La promesa de una subida adicional del 0,5% del salario para los empleados públicos españoles sigue sin materializarse a pesar de haber sido pactada y firmada en el Acuerdo Marco entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO. Esta mejora, que afecta a más de tres millones de personas, debía haberse aplicado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. A día de hoy, sin embargo, sigue sin reflejarse en las nóminas, lo que está tensando las relaciones entre el Ejecutivo y el colectivo de empleados del sector público.
Este retraso ocurre en un contexto de subidas salariales generalizadas en otros sectores, como la del salario mínimo interprofesional (SMI), que aumentó un 4,4% en enero y benefició a 2,4 millones de trabajadores. La comparación entre la celeridad en la aplicación del SMI y la demora en cumplir el compromiso con los funcionarios ha sido señalada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) como un agravio comparativo que erosiona la confianza en el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Impacto económico y reclamaciones sindicales
Según CSIF, esta subida del 0,5% supondría una mejora media de 168 euros anuales por empleado, con un coste total estimado de 504 millones de euros para el Estado. Pero para el sindicato, el impacto económico va mucho más allá: calculan que la congelación salarial acumulada desde 2010 representa ya una pérdida de poder adquisitivo del 20% y que el Gobierno está reteniendo en total más de 1.200 millones de euros en concepto de sueldos públicos.
El Gobierno reconoce el retraso, pero no concreta
El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado recientemente que el abono de la subida se producirá "en breve", aunque aún no existe un acuerdo formal del Consejo de Ministros que lo haga efectivo. Mientras tanto, los sindicatos han elevado la presión con declaraciones públicas y registros de quejas formales dirigidas incluso al presidente del Gobierno. CSIF ha advertido que no descarta movilizaciones ni paros parciales si la situación se prolonga.
Más allá del cumplimiento inmediato de la subida, CSIF ha exigido también la convocatoria urgente de una mesa de negociación para tratar un nuevo acuerdo de legislatura. Entre sus principales demandas figuran la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público de 2025, la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la regulación del teletrabajo, el despliegue de la carrera profesional en todas las administraciones y la adecuación de los grupos profesionales. Además, insisten en la necesidad de recuperar derechos recortados durante la crisis de 2010 y mejorar las condiciones de jubilación, incluyendo la parcial.
Condiciones laborales y calidad de los servicios públicos
Los sindicatos señalan que estas medidas no solo buscan dignificar las condiciones laborales del sector público, sino también reforzar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Argumentan que una administración infrafinanciada y con personal precarizado compromete el funcionamiento de servicios esenciales como la educación, la sanidad o la justicia. En este sentido, las organizaciones sindicales reclaman al Gobierno que priorice el refuerzo del sector público frente a otras partidas del gasto.
El conflicto se desarrolla además en un contexto de incertidumbre política, sin presupuestos generales aprobados para el ejercicio vigente y con el Gobierno dependiendo de acuerdos parlamentarios frágiles. Desde CSIF advierten que la inacción en este tema podría tener un coste político elevado si no se reconduce a tiempo. A corto plazo, el Ejecutivo tiene la posibilidad de desbloquear la subida mediante decreto, como ya hizo con el personal militar, pero hasta ahora no ha dado ese paso con el conjunto de empleados públicos.
Señales de gobernabilidad y futuro del diálogo social
La resolución de esta situación no solo tendrá implicaciones presupuestarias, sino también simbólicas. El cumplimiento o no de los acuerdos firmados con los sindicatos enviará una señal clara sobre la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo social como herramienta para la gobernabilidad. Y eso, en un escenario de tensiones sociales y políticas, podría ser decisivo.
Puntos clave
- El Gobierno debe aplicar una subida del 0,5% a tres millones de empleados públicos desde enero de 2024.
- El retraso ha sido criticado por CSIF, que denuncia una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 20% desde 2010.
- La mejora media por trabajador es de 168 euros anuales, con un impacto presupuestario de 504 millones de euros.
- El Ejecutivo aún no ha aprobado en Consejo de Ministros el abono, pese a asegurar que lo hará "en breve".
- CSIF exige una nueva mesa de negociación y plantea movilizaciones si no se atienden sus demandas.