Algunos propietarios de pisos turísticos estarían abiertos a ofrecer sus inmuebles en régimen de alquiler social si se les garantiza una rentabilidad estable y condiciones adecuadas. Así lo han identificado los investigadores Francesc González Reverté y Pablo Díaz Luque, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en su último estudio publicado en la revista Cities.
En el informe, se analizan los motivos que llevan a las personas a destinar sus viviendas al alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb. A partir de esos resultados, proponen un cambio de enfoque para aprovechar ese mismo parque inmobiliario y aumentar la oferta de vivienda asequible.
¿Por qué cuesta tanto acceder a una vivienda?
La dificultad para encontrar una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos en España. Lo confirma el último barómetro del CIS, que sitúa a la vivienda entre las mayores preocupaciones de la población.
El mercado inmobiliario español arrastra desde hace años una estructura desequilibrada. Según los datos de la OCDE, solo el 2,7 % del parque de viviendas corresponde a alquiler social, una cifra muy por debajo del 8 % de media en la Unión Europea y de los porcentajes superiores al 20 % de países como Países Bajos, Dinamarca o Austria. Mientras tanto, menos del 20 % del total se destina al alquiler.
Esta escasa oferta, unida al encarecimiento progresivo de la vivienda, empuja a muchas personas a situaciones de exclusión residencial. Más del 24 % de la población está en riesgo de quedar fuera del mercado inmobiliario, y más de 4,6 millones de personas viven en condiciones inadecuadas, según Housing Rights Watch.
El auge de Airbnb agrava un mercado ya tensionado
A esta estructura precaria se ha sumado en las últimas dos décadas el impacto de las plataformas de alquiler turístico. El fenómeno, que despegó a principios de los años 2000 con mínima regulación, ha contribuido a una mayor presión en los barrios céntricos y turísticos, sobre todo en grandes ciudades.
En este caso, en mercados donde la oferta depende casi por completo del sector privado, cualquier actor adicional que compita por la vivienda genera desigualdad social. Esta competencia distorsiona los precios y desplaza a residentes de zonas donde ya era difícil encontrar alquileres asequibles.
¿Y si los pisos turísticos se convirtieran en hogares?
Pese al clima de tensión y las propuestas enfrentadas entre partidos políticos, los investigadores de la UOC abren una puerta a una posible solución pactada. Se trata de transformar parte del parque de viviendas turísticas en oferta de alquiler social.
En su investigación, González Reverté y Díaz Luque han identificado que las motivaciones de los propietarios van más allá de lo económico. Algunos valoran aspectos como el contacto con otras personas, la posibilidad de compartir estilos de vida o incluso combatir la soledad. Esto abre la puerta a un enfoque más flexible.
"La principal conclusión de nuestro estudio es que existe potencial para que estos pequeños propietarios con viviendas disponibles para alquiler vacacional las ofrezcan en alguna modalidad de alquiler de vivienda social", apunta Díaz Luque.
Eso sí, no todos los perfiles son igual de receptivos. Aquellos motivados por los ingresos estarían más dispuestos a realizar el cambio si reciben subvenciones o contratos con garantías. En cambio, los que buscan interacción social también considerarían esta opción, siempre que no pierdan el componente humano de la experiencia.
Incentivar el cambio sin imponerlo
Una de las propuestas del estudio es alejarse del enfoque confrontacional. El acceso a la vivienda no puede quedar únicamente en manos del mercado. Sin embargo, en lugar de plantear el problema como una lucha entre residentes y propietarios de pisos turísticos, los autores proponen una vía intermedia que facilite la transición mediante incentivos económicos y seguridad jurídica.
Esta fórmula permitiría aprovechar un recurso ya disponible —las viviendas en alquiler vacacional— sin necesidad de esperar a la construcción de nuevo parque público ni de imponer normativas restrictivas que puedan generar rechazo o fraude.
El reto es pasar del potencial a la acción
El estudio plantea una opción realista para ampliar el acceso a la vivienda sin renunciar a los intereses legítimos de quienes han invertido en inmuebles turísticos. Pero también deja claro que no basta con la buena voluntad de los propietarios, sino que, las administraciones públicas también tienen que liderar el cambio con políticas.
La fórmula requiere un equilibrio entre la rentabilidad para quienes ceden sus viviendas, el acceso justo para quienes las necesitan y la planificación urbana que priorice el bienestar colectivo. Solo así se podrá pasar de un escenario ideal a una transformación tangible del modelo habitacional.
Puntos clave
- En España, solo el 2,7 % de las viviendas están destinadas al alquiler social, frente al 8 % de la media europea.
- Más de 4,6 millones de personas viven en condiciones inadecuadas de vivienda.
- El auge de Airbnb ha intensificado la presión en el mercado del alquiler, sobre todo en zonas turísticas.
- Un estudio de la UOC revela que algunos propietarios estarían dispuestos a ofrecer sus pisos turísticos como viviendas sociales si reciben incentivos económicos.
- Las motivaciones de los propietarios combinan factores financieros y sociales.
- Para que la propuesta sea viable, se necesitan políticas públicas que garanticen ingresos estables y seguridad jurídica.