La ocupación ilegal de viviendas se ha consolidado como una de las preocupaciones más persistentes entre los propietarios y un foco de debate político y jurídico en España. En un contexto de inseguridad jurídica, el economista Gonzalo Bernardos se ha pronunciado con contundencia sobre la okupación: “Un país en el que los okupas tienen más derechos sobre una vivienda que sus propietarios tiene un gran problema de seguridad jurídica. En España, con la actual legislación, el propietario es el débil y el okupa el poderoso”.
La reflexión del experto responde a un caso en Bermeo (Bizkaia), donde una mujer ha perdido el acceso a su propiedad después de ceder temporalmente el uso de la misma. Según ha explicado el diario Deia, los nuevos ocupantes han alegado un supuesto acuerdo verbal y continúan residiendo en la vivienda, mientras la propietaria, enferma, permanece fuera sin poder recuperarla.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15 289 denuncias por okupación ilegal —usurpación y allanamiento—, lo que representa solo el 0,06 % del total de viviendas en España —cerca de 27 millones—. No obstante, muchos de esos casos afectan a inmuebles vacíos —como segundas residencias o propiedades de grandes tenedores—, y solo alrededor del 7 % corresponde a okupación en viviendas habitadas.
En 2024 la tendencia se invirtió y los casos crecieron un 7,4 %, alcanzando 16, 426 denuncias; Cataluña fue la comunidad con mayor número absoluto, con 7 009 casos (42 %). A pesar de ello, la baja incidencia relativa contrasta con la amplificación mediática y política del fenómeno, que algunos expertos califican como “distorsión por miedo”.
Un proceso judicial prolongado
El procedimiento legal común para desalojar okupas es complejo. En 2018, la Ley de Enjuiciamiento Civil habilitó un procedimiento exprés que exige al propietario acreditar la titularidad y la falta de título por parte de los okupas. Sin embargo, en casos donde los ocupantes alegan vulnerabilidad social o hay menores involucrados, el proceso se alarga.
Aunque el impacto directo es pequeño, la ocupación ilegal tiene efectos materiales. Los afectados asumen gastos extra —suministros, reparación, vigilancia—, disminución del valor de los inmuebles e incremento de las primas de seguros “anti-okupas”. Además, empresas de seguridad privada y mediación han proliferado, incluso con prácticas controvertidas, reflejando la desconfianza generada en el mercado de propietarios.
Contexto legal y social
La normativa contempla dos figuras legales distintas:
- Allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal): protege viviendas habitadas y permite desalojo urgente si la denuncia se cursa en las primeras 48 h.
- Usurpación (art. 245): se aplica a inmuebles vacíos y requiere procedimiento judicial normal, sin necesidad inmediata de estudio de vulnerabilidad.
En enero de 2025 se aprobó la Ley Orgánica 1/2025 que habilita "juicios rápidos" para estos delitos, con una cita judicial en menos de 15 días y sentencia en 72 h, siempre que no se trate de supuestos con cláusulas especiales, como contratos expirados.
La 'okupación' también impacta en el mercado inmobiliario
Más de 20.000 viviendas 'okupadas' están actualmente en venta en España, según un informe de Idealista con datos del cuarto trimestre de 2024. Esto representa un 2,6 % del total de inmuebles anunciados en el portal, una cifra que revela el peso creciente de la ocupación ilegal dentro del mercado inmobiliario.
Para Francisco Iñareta, portavoz del portal, esta situación constituye un "lastre más" para la recuperación de la oferta y afecta directamente a la percepción de seguridad jurídica de los propietarios. "Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad […] redundan en la sensación de desprotección de los propietarios", señaló.
El impacto se ve reflejado en algunas capitales de provincia. En Girona, el 8,8 % de las viviendas en venta están en situación de ‘okupación’. Le siguen Murcia (5,5 %), Sevilla (4,7 %), Almería (3,9 %) y Málaga (3,8 %). Barcelona y Santa Cruz de Tenerife comparten un 3,5 % del total de viviendas ofertadas bajo esta condición.
Las cifras y los estudios reflejan tanto un aumento como mecanismos legales que intentan dar respuesta, aunque de forma insuficiente. Además de la ocupación ilegal, la crisis de la vivienda es el mayor desafío del país. La opinión de Bernardos transmite la urgencia de modificar el marco normativo para ofrecer seguridad jurídica real, equilibrada con las necesidades sociales.
Puntos clave
- La ocupación ilegal de viviendas sigue generando preocupación entre propietarios y tensión jurídica, pese a su baja incidencia real.
- En 2023 se registraron 15.289 denuncias, un 0,06 % del parque total de viviendas; en 2024 la cifra creció un 7,4 %, con Cataluña a la cabeza.
- La mayoría de casos afecta a inmuebles vacíos, pero los desalojos se complican cuando los ocupantes alegan vulnerabilidad o hay menores.
- El proceso judicial ordinario puede alargarse hasta 35 meses, aunque existen mecanismos exprés para casos de allanamiento.