El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha iniciado un nuevo proceso de consulta pública para modificar los límites que determinan cuándo una empresa debe someter sus cuentas a auditoría obligatoria. Esta propuesta, recogida en un anteproyecto de Ley, plantea aumentar en un 25 % dos de los tres criterios utilizados para establecer la obligación de auditoría, concretamente los que se refieren al valor de activos y a la facturación de las empresas.
Según el propio Gobierno, esta modificación supondría que aproximadamente 4.000 empresas quedarían exentas de auditar sus cuentas anuales. Esta medida conllevaría una merma en la transparencia económica, un retroceso en la lucha contra la economía sumergida y un perjuicio para la protección de los accionistas minoritarios.
La auditoría, una herramienta para mejorar la eficiencia
Los auditores consideran que confundir la auditoría de cuentas con una mera carga administrativa es un error que puede tener graves consecuencias para el sistema económico español. Víctor Alió, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), destaca que la auditoría no es solo un trámite burocrático, sino "una herramienta que mejora la eficiencia y la gestión".
Alió alerta de que la transparencia en España ha tardado más de una década en recuperarse tras la crisis financiera que supuso la pérdida de cerca de 10.000 empresas auditadas. “Confundir la auditoría con una carga administrativa puede hacer que la transparencia sufra un retroceso significativo”, añade.
Por su parte, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), sostiene que "no se puede permitir que, en aras de un supuesto ahorro de costes para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas, se comprometa la transparencia del sistema económico".
Vázquez Taín recalca que "los beneficios de la auditoría de cuentas —para el interés general, el control fiscal y la buena gobernanza de las compañías— superan con creces sus costes". Por tanto, la propuesta de aumentar los límites para eximir a empresas de auditar sus cuentas genera alarma por sus posibles consecuencias.
Riesgos para la transparencia y la calidad de la información
Los auditores advierten que esta reducción en la obligatoriedad de auditorías en las pymes tendrá un impacto negativo en la transparencia de las empresas. Según diversos estudios y la experiencia internacional en países como Dinamarca, Suecia e Italia, la eliminación de la auditoría obligatoria en las pymes suele traducirse en una disminución de la calidad de la información financiera.
Esto, a su vez, reduce la información disponible para accionistas, entidades financieras y administraciones públicas, incrementando el riesgo de errores contables. En palabras de Víctor Alió, lo más preocupante es que esta medida “puede aumentar el riesgo de evasión de impuestos y otros delitos económicos”.
Además, las empresas han realizado inversiones en sistemas de control interno como consecuencia de la revisión de sus cuentas anuales y del trabajo realizado por los auditores. Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores del CGE, advierte que dejar fuera a empresas de ciertos tamaños podría “generar mayores costes a medio plazo”.
Álvarez explica que la auditoría impacta directamente en la solidez del sistema de control interno de la empresa y que “reducir el alcance obligatorio de la auditoría debilita la cultura de control e incrementa significativamente los riesgos en procesos clave como el acceso a financiación, la participación en procedimientos de contratación pública y la gestión adecuada de subvenciones, donde el fraude puede encontrar un terreno propicio”.
También apunta que “si las empresas pequeñas reducen sus controles de cumplimiento, podrían derivar estos costes a la cadena de suministro de empresas más grandes”, que complicaría aún más la gestión del riesgo económico y financiero.
Impacto en los despachos pequeños y la competencia del sector
Otro de los problemas derivados de esta medida estaría relacionado con la viabilidad de los despachos de auditoría más pequeños y con la competencia en el sector. Isabel Ezponda, presidenta de la Comisión de Pequeños y Medianos Despachos del ICJCE, señala que aunque el impacto económico para las pymes sería insignificante, “la medida pondrá en riesgo la viabilidad y la capacidad para generar empleo de cientos de pequeños despachos de auditoría”.
Esto supondría un retroceso respecto a uno de los objetivos principales de la última reforma de la Directiva europea y de la Ley española de Auditoría de Cuentas de 2015, que buscaba reducir la concentración del sector y aumentar la competencia, favoreciendo un mercado más equilibrado.
Cuestionamientos sobre el incremento del 25 %
Los auditores también ponen en duda el criterio elegido para aumentar los límites en un 25 %. Este porcentaje se basa en el aumento aprobado por la Unión Europea en los criterios para definir el tamaño de las empresas, que se fundamentó en la evolución del índice de precios europeos entre 2013 y 2023.
Sin embargo, en España, tanto el índice general de precios como los precios de servicios y auditoría han evolucionado de forma “notablemente inferior”, según Víctor Alió. Por ello, considera que “si se usa como referencia el dato de la inflación, lo normal es que se adapte a la evolución de los precios en España y la propuesta se corrija a la baja”.
En la misma línea, Miguel Ángel Vázquez Taín, afirma que “incrementar automáticamente los umbrales de cifra de negocio y total activo es un error”, porque la inflación "no ha provocado un incremento de la cifra de ventas ni de las inversiones en nuevos activos en las empresas".
Miguel Ángel añade que el contexto económico de los últimos años, marcado por la pandemia, conflictos bélicos e inestabilidad geopolítica, "ha tenido un impacto negativo en la actividad empresarial y, en consecuencia, en estos indicadores".
Petición de retirada y diálogo abierto
Frente a estas consideraciones, el ICJCE y el CGE han acordado solicitar al Gobierno y a las principales fuerzas políticas la retirada de la propuesta. Ambas entidades muestran su predisposición a mantener un diálogo abierto con todas las instituciones para corregir lo que consideran un error antes de que el texto sea objeto de debate y aprobación en las Cortes.
La preocupación del sector es clara. Aunque la creación de compañías en España experimentó un leve rebote en abril tras el peor inicio de año desde 2020, sigue habiendo dudas sobre la solidez del tejido empresarial. La auditoría de cuentas no solo contribuye a la transparencia y a la protección de los inversores, sino que también fortalece el control fiscal y la gobernanza corporativa, pilares fundamentales para el buen funcionamiento del sistema económico.
Puntos clave
El Ministerio de Economía quiere aumentar un 25 % los límites que determinan qué empresas deben auditar sus cuentas
Se estima que unas 4.000 empresas quedarían exentas de auditoría obligatoria.
Auditores alertan que esta medida reducirá la transparencia financiera y podría aumentar riesgos.
En otros países, eliminar la auditoría obligatoria para pymes ha reducido la calidad contable y la transparencia.