Las iniciativas que buscan proteger a los arrendatarios suelen estar motivadas por un objetivo claro: equilibrar una relación contractual tradicionalmente asimétrica entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, según revela una investigación publicada en Contemporary Economic Policy, estas medidas podrían tener consecuencias inesperadas que agravan las desigualdades en el acceso a la vivienda.
El estudio, realizado por los economistas Philipp Gorzig y Nicholas Tsivanidis, explora los efectos de las políticas de defensa del inquilino sobre la discriminación en el mercado de alquiler. A través de un amplio experimento de campo con más de 75.000 solicitudes de vivienda en Estados Unidos, los autores detectan un patrón preocupante: a medida que aumentan las regulaciones a favor del arrendatario, también lo hacen los niveles de discriminación por parte de los propietarios.
Un experimento masivo para detectar sesgos
Para llevar a cabo la investigación, los autores simularon solicitudes de vivienda en 30 áreas metropolitanas de EE.UU. mediante identidades ficticias que variaban en género y raza, utilizando nombres comúnmente asociados a personas blancas, afroamericanas, hispanas y de origen asiático. El objetivo era observar las tasas de respuesta por parte de los propietarios y determinar si existían diferencias significativas en función del nombre del solicitante.
Los resultados fueron contundentes. En promedio, las solicitudes asociadas a nombres afroamericanos y latinos recibieron un 5-7% menos de respuestas que las asociadas a nombres blancos. Pero la brecha se amplió significativamente en aquellas regiones con una fuerte protección legal a favor de los inquilinos.
Cuanto más protegidos los inquilinos, más selectivos los propietarios
El análisis encontró que en las jurisdicciones con políticas de defensa del inquilino más intensas, como limitaciones a los desahucios, controles de rentas o exigencias adicionales para rescindir contratos, los propietarios eran más proclives a aplicar filtros previos al contacto con los solicitantes.
Esto, según los investigadores, genera un “efecto sustitución” en el comportamiento de los arrendadores. Al percibir un mayor riesgo de conflictos legales o dificultades para recuperar la propiedad, los propietarios ajustan su estrategia y se vuelven más exigentes con el perfil del inquilino. “La selección ex ante se intensifica como forma de compensar la menor flexibilidad ex post”, concluyen los autores.
No todos sufren la discriminación por igual
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el impacto de estas políticas no es uniforme. Las personas con nombres que sugieren identidad afroamericana, hispana o inmigrante sufren con mayor intensidad la reducción en las tasas de contacto.
En concreto, las probabilidades de recibir una respuesta caen hasta un 11% para los solicitantes afroamericanos en las zonas con mayor protección al arrendatario, en comparación con áreas con menos regulación. En el caso de las mujeres latinas, el efecto negativo es también significativo, aunque algo menor. Los solicitantes blancos no experimentan variaciones notables en función de las políticas locales, lo que refuerza la hipótesis de que las normas bienintencionadas pueden amplificar las desigualdades preexistentes.
Implicaciones para el diseño de políticas públicas
Los autores subrayan que su intención no es cuestionar la necesidad de proteger a los inquilinos, especialmente en contextos de encarecimiento del alquiler o desequilibrio de poder en el mercado. Sin embargo, alertan sobre la urgencia de considerar los efectos colaterales de las regulaciones, particularmente sobre colectivos tradicionalmente marginados.
“El diseño de políticas de vivienda debe incorporar mecanismos que mitiguen las externalidades negativas sobre los grupos vulnerables”, señalan. De lo contrario, se corre el riesgo de que las medidas terminen beneficiando a quienes ya cuentan con más recursos o una mejor posición social, en detrimento de aquellos que más necesitan la protección del sistema.
Medidas correctoras y transparencia como solución
Entre las posibles soluciones, el estudio sugiere implementar sistemas de solicitud más estandarizados y ciegos, donde la información irrelevante para la solvencia económica, como el nombre o el origen étnico, quede oculta en las etapas iniciales del proceso. También se aboga por reforzar los mecanismos de supervisión y denuncia de prácticas discriminatorias, así como por invertir en campañas educativas que promuevan la igualdad de acceso a la vivienda.
Además, los investigadores recomiendan que las políticas de defensa del inquilino vayan acompañadas de incentivos o garantías para los propietarios, de modo que no vean en cada nuevo arrendamiento un posible conflicto jurídico. “Un entorno regulatorio más equilibrado y transparente puede reducir la necesidad percibida de discriminar”, sostienen.
Una alerta sobre las consecuencias no deseadas
El trabajo de Gorzig y Tsivanidis aporta una mirada crítica y matizada a un debate en el que a menudo se enfrentan posturas ideológicas cerradas. Lejos de rechazar las regulaciones, su análisis invita a una reflexión profunda sobre cómo garantizar la justicia social sin generar nuevas barreras de entrada en los mercados.
En última instancia, el estudio pone sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede una política destinada a proteger a los más vulnerables terminar convirtiéndose, sin quererlo, en una herramienta de exclusión? Para responderla, es imprescindible avanzar hacia un diseño más fino y empático de las normas que rigen el acceso a la vivienda.
Puntos clave
- Las políticas de protección al inquilino pueden tener efectos adversos, como un aumento en la discriminación durante el proceso de selección.
- Un experimento realizado con más de 75.000 solicitudes demuestra que ciertos grupos tienen menos probabilidades de ser contactados en zonas con regulaciones más estrictas.
- Las barreras no afectan a todos por igual: los solicitantes con nombres que sugieren una identidad afroamericana, hispana o inmigrante son los más perjudicados.
- Las medidas que limitan los desahucios o exigen más garantías a los propietarios tienden a incentivar comportamientos discriminatorios, según el estudio.