Más de la mitad de los inquilinos en Estados Unidos dedican al menos un 30% de sus ingresos al pago del alquiler, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Esta proporción, que define a los hogares “con carga excesiva”, se ha disparado en las últimas dos décadas: en 1999 afectaba al 43% de los arrendatarios; en 2023, al 54%. El dato más alarmante es que el 28% de los inquilinos gasta incluso más de la mitad de sus ingresos mensuales en vivienda.
El problema afecta de manera especial a las familias con menos recursos. El 81% de los hogares con ingresos inferiores a los 30.000 dólares anuales supera ese umbral del 30%, y el 60% destina más del 50% a la renta. Un escenario que, lejos de solucionarse solo construyendo más viviendas, exige según diversos investigadores, repensar la política pública.
¿Construir más vivienda es suficiente?
Durante años, muchos analistas han señalado la escasez de vivienda como el principal motor del aumento de precios. Las normativas locales restrictivas, los límites de densidad y las exigencias de tamaño mínimo por parcela han dificultado la promoción de nuevas unidades habitacionales, elevando los costes. Sin embargo, estudios recientes cuestionan la eficacia de esta narrativa.
Alex Schwartz y Kirk McClure, expertos en política de vivienda, sostienen que el problema no es tanto la cantidad total de unidades disponibles como su distribución. Las viviendas asequibles escasean para los hogares de ingresos bajos, pero no para los inquilinos con rentas medias o altas. Por tanto, incrementar el parque inmobiliario no resolvería el fondo del problema.
¿Bajar los precios solucionaría el problema?
Incluso en un escenario ideal, en el que los alquileres se redujeran un 25% en todo el país, la proporción de arrendatarios con problemas de asequibilidad seguiría siendo significativa. Según los datos analizados, un tercio de los inquilinos seguiría destinando más del 30% de sus ingresos al alquiler.
Además, esa rebaja beneficiaría de forma desproporcionada a quienes menos lo necesitan. Mientras que los inquilinos con ingresos superiores a 75.000 dólares anuales verían caer su nivel de sobrecarga del 16% al 4%, los hogares con menos de 15.000 dólares apenas reducirían su tasa del 89% al 80%. La conclusión: incluso con precios más bajos, las rentas bajas seguirían atrapadas.
Subsidios: una vía ya probada
Actualmente, el Gobierno estadounidense proporciona tres tipos de subsidios: los vales de elección de vivienda (Housing Choice Vouchers), la vivienda pública y la ayuda al alquiler en proyectos privados. Estas ayudas garantizan que el beneficiario no destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda. En 2024, cerca de cinco millones de hogares se beneficiaron de alguna de estas formas de apoyo.
Sin embargo, estas ayudas solo alcanzan al 25% de las familias que cumplen los requisitos. A diferencia de otros programas sociales como la Seguridad Social o los cupones de alimentos, las ayudas al alquiler no están garantizadas para todos los que califican, sino limitadas por el presupuesto federal asignado.
Una propuesta clara: ayudas para todos
La solución que proponen varios analistas es sencilla, aunque ambiciosa: extender estas ayudas a todos los hogares que cumplan con los requisitos de renta. Para ello, la opción más directa sería ampliar el programa de vales de vivienda.
Este sistema cubre una parte de la renta del beneficiario, hasta un límite fijado por la autoridad local, en función del precio de mercado de la zona. Pero su aplicación está plagada de dificultades: un 43% de los beneficiarios no consigue usar el vale, ya sea porque no encuentran una vivienda adecuada, no cumple los estándares físicos exigidos o el arrendador no acepta el subsidio.
Dar dinero en efectivo, una alternativa
Algunas ciudades están probando enfoques distintos. En Filadelfia, por ejemplo, se está experimentando con la entrega directa de dinero a los hogares elegibles, sin necesidad de intermediación burocrática ni requisitos técnicos. Esta vía podría reducir el estigma y la resistencia de algunos propietarios a aceptar inquilinos subvencionados.
No obstante, la eliminación de controles también abre la puerta a que se alquilen viviendas en mal estado o por encima del precio razonable, algo que los actuales programas intentan evitar.
Una brecha fiscal entre propietarios e inquilinos
El coste de extender los subsidios a todas las familias con ingresos bajos se estima en 118.000 millones de dólares anuales. Aunque pueda parecer desorbitado, es una cifra comparable a las subvenciones que ya existen… pero en beneficio de los propietarios.
Durante décadas, el Congreso ha aprobado exenciones fiscales que benefician principalmente a las rentas altas: deducciones por intereses hipotecarios, por impuestos estatales o locales y por ganancias patrimoniales en la venta de viviendas. Solo en 2025, estos beneficios fiscales alcanzarán los 95.400 millones.
Un impacto más allá de la vivienda
Extender la asistencia al alquiler también tendría un impacto positivo en otros ámbitos. Reduciría los gastos públicos destinados a servicios para personas sin hogar, facilitaría el acceso a financiación para nuevos proyectos residenciales al garantizar rentas mínimas para los promotores y contribuiría a la estabilidad social.
Sin embargo, la iniciativa no encaja con las prioridades presupuestarias del actual Gobierno. La Administración Trump ha propuesto recortes del 44% en las ayudas al alquiler y la vivienda pública para el próximo año fiscal.
Puntos clave
- El 54% de los inquilinos en EE. UU. sufre sobrecarga de alquiler, destinando más del 30% de sus ingresos a la vivienda.
- Reducir los precios del alquiler no soluciona el problema para las rentas más bajas, que seguirían invirtiendo más de la mitad de sus ingresos.
- Las ayudas públicas solo alcanzan a uno de cada cuatro hogares que las necesita, a pesar de que el modelo ha demostrado ser eficaz.
- Expertos proponen universalizar las ayudas al alquiler, en línea con el apoyo fiscal ya existente a la propiedad de vivienda.