La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la ampliación del parque público de vivienda como prioridad ineludible de la agenda política del Gobierno. En palabras de la propia titular del ramo, “el gran desafío que tiene el Gobierno y el conjunto de administraciones públicas es disponer de un parque público de vivienda cuanto antes”, una meta que empieza a materializarse con la puesta a disposición inminente de 13.000 viviendas procedentes de la Sareb. La operación, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, constituye el primer paso de un ambicioso plan que contempla la incorporación de hasta 90.000 viviendas en los próximos años.
El proyecto se estructura en torno a un modelo de gestión pública que busca hacer de la vivienda un derecho efectivo y estable, comparable al acceso a la sanidad, la educación o las pensiones. “El gran cambio de paradigma que estamos protagonizando desde el Ministerio y desde este Gobierno es asumir que con este problema de vivienda […] solo se acaba si construimos una gran infraestructura pública”, subrayó Rodríguez durante una entrevista en RNE.
Una operación que repara heridas del pasado
El grueso de las primeras 13.000 viviendas procederá del parque de activos de la Sareb (la sociedad creada para gestionar los activos problemáticos tras la crisis financiera de 2008), a las que se sumarán otros 27.000 inmuebles y más de 2.400 suelos en los próximos años. Esta transferencia, que se hará progresivamente a través de una donación a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), tendrá un impacto estimado de 5.900 millones de euros en el mercado.
Más allá de los números, Rodríguez ha destacado la dimensión simbólica de la operación. “Es un acuerdo importante, que además repara las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, que fue el uso de estas viviendas procedentes de los desahucios de las familias para pagar el rescate financiero”, declaró la ministra, aludiendo a la voluntad del Gobierno de revertir el uso de activos que en su momento se alejaron del interés social.
Viviendas asequibles con criterios sociales
Las viviendas integradas en el nuevo parque público se destinarán exclusivamente al alquiler a precios asequibles. Según ha detallado el Ministerio, el precio del alquiler no podrá superar en ningún caso el 30% de los ingresos del hogar, y se priorizará su asignación en aquellas zonas donde haya mayor demanda habitacional. En concreto, los inmuebles deberán estar ubicados en poblaciones de más de 5.000 habitantes o en municipios más pequeños que hayan experimentado un crecimiento superior al 5% en la última década.
Además, se dará preferencia a las áreas declaradas como zonas tensionadas, a las viviendas con una superficie de hasta 85 metros cuadrados, o de hasta 150 metros si su precio de tasación no supera un umbral específico, y a aquellas que, sin tener patologías estructurales, puedan ser acondicionadas con inversiones complementarias.
Para ello, el Ejecutivo ha aprobado una dotación de 593 millones de euros destinados a adecuar las viviendas, completar procesos de compra en curso, desarrollar suelos y reforzar la oferta mediante nuevas adquisiciones.
De la emergencia a la estructura permanente
Según explicó la ministra, el objetivo no es solo aumentar el parque público, sino consolidar un modelo permanente de vivienda social. “Creo que del debate de lo que sucederá no podemos olvidar nunca que de nuestras políticas depende la felicidad, el bienestar, la tranquilidad de miles y miles de españoles y eso debe ser nuestra principal guía”, manifestó Rodríguez.
En este sentido, insistió en la necesidad de colaboración interadministrativa para garantizar el éxito del plan. “Yo lo que les pido es que la ejerzan y que hagan como nosotros, agotar todos sus recursos económicos, financieros, presupuestarios, de técnica fiscal y también de puesta a disposición de suelos y de viviendas para la gente”, expresó en clara alusión a las comunidades autónomas y entidades locales.
La ministra celebró también que varias autonomías hayan aceptado el ofrecimiento de triplicar la inversión pública en vivienda, incluyendo a Galicia, con la que ya se están trabajando los detalles técnicos de un nuevo plan estatal. “Espero que, antes de que todos hagan las maletas para marchar de vacaciones, podamos tener un preacuerdo”, afirmó.
Una hoja de ruta a largo plazo
Pese a las dificultades inherentes a la operación, como la complejidad jurídica de las transmisiones o la necesidad de adecuación de muchos inmuebles, Rodríguez reiteró su compromiso de avanzar sin descanso. “Yo no voy a cesar hasta conseguirlo”, dijo en relación con el objetivo de que la vivienda deje de figurar entre las principales preocupaciones ciudadanas. “Yo aspiro a que este también sea un sistema público ejemplar para nuestro país y que sea nuestro orgullo también con el resto del mundo”, concluyó.
Puntos clave
- El Gobierno pondrá en marcha de forma inmediata 13.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler social, dentro de un plan que prevé alcanzar las 90.000 unidades.
- Las viviendas no podrán superar el 30% de los ingresos del hogar y se situarán en zonas con alta demanda o poblaciones en crecimiento.
- El Ejecutivo invertirá 593 millones para adecuar y ampliar la oferta, y exige a las comunidades autónomas corresponsabilidad presupuestaria.
- Isabel Rodríguez denuncia la falta de control de los pisos turísticos ilegales en Madrid, donde más se agrava el acceso a la vivienda.
- El plan busca consolidar un sistema estructural y permanente de vivienda pública, inspirado en modelos previos como la sanidad o la educación.