Tal vez reciclas con constancia, eliges caminar en vez de conducir, o apoyas causas medioambientales con tu tiempo o tu dinero. Acciones que, en apariencia, parecen pequeñas, pero forman parte de un desafío mayor: la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿quién está pagando el precio más alto de esta crisis global?
El informe ¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática, elaborado por la UNESCO con el impulso de la Fundación ”la Caixa”, revela una realidad tan contundente como urgente: la emergencia climática no afecta a todos por igual. A medida que las temperaturas aumentan y los fenómenos extremos se intensifican, también lo hacen las desigualdades sociales y económicas, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Una amenaza global con impactos locales… y desiguales
Según el estudio, se estima que 2.500 millones de personas estarán expuestas a calor extremo en 2050. De ellas, 239 millones vivirán en condiciones de extrema pobreza, con temperaturas superiores a los 35 °C durante más de 12 semanas al año. No es solo un problema ambiental: es una crisis humanitaria silenciosa que afecta primero a quienes menos han contribuido al problema.
La Unesco y la Fundación ”la Caixa” destacan el impacto desigual del cambio climático
Informe ©Unesco
Los datos son contundentes. 3.600 millones de personas ya viven hoy en zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero la exposición no es uniforme: mujeres, pueblos indígenas, niños, trabajadores informales y personas mayores figuran entre los grupos más amenazados. De hecho, el informe calcula que 1.400 millones de mujeres se verán directamente afectadas entre 2040 y 2060.
Este impacto desigual no es accidental. Tiene que ver con dónde se nace, cuánto se tiene y a qué se dedica uno. Muchas personas no solo enfrentan la crisis climática sin recursos suficientes, sino también sin redes de apoyo, infraestructuras básicas ni capacidad para adaptarse.
Cuando la solución también genera desigualdad
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es que, incluso las políticas diseñadas para mitigar el cambio climático, pueden terminar reproduciendo o amplificando las desigualdades si no se aplican con una mirada inclusiva.
Por ejemplo, medidas como los impuestos al carbono, o las transiciones energéticas mal planificadas, pueden trasladar involuntariamente los costes a los hogares más humildes, que ya destinan gran parte de sus ingresos a necesidades esenciales como la energía o el transporte.
Los países más pobres —entre ellos, Chad, Sudán del Sur, Níger o Somalia— apenas contribuyen a la crisis climática, pero son los primeros en sufrir sus efectos
Shutterstock / HM Shahidul Islam
Mientras tanto, el 10% de los países más ricos del mundo genera casi el 50 % de las emisiones globales, mientras que los países más pobres —entre ellos, Chad, Sudán del Sur, Níger o Somalia— apenas contribuyen a la crisis climática, pero son los primeros en sufrir sus efectos. La paradoja es evidente y profundamente injusta.
Un nuevo enfoque: justicia climática con rostro humano
Ante esta realidad, la UNESCO y la Fundación ”la Caixa” proponen una transformación profunda en cómo pensamos y actuamos frente al cambio climático. La clave, según el informe, está en integrar la equidad, los derechos humanos y la justicia social en el centro de las políticas climáticas.
Esto significa cambiar el foco: no solo debemos preguntarnos cuántas toneladas de CO₂ podemos reducir, sino a quién estamos ayudando con cada medida, y a quién podríamos estar perjudicando sin querer.
Desde el Palau Macaya de Barcelona, centro internacional de diálogo y pensamiento impulsado por la Fundación ”la Caixa”, se lanzó un mensaje claro: no puede haber transición ecológica sin justicia social. Sin ese componente, las políticas ambientales corren el riesgo de fracasar, tanto técnica como socialmente.
El riesgo de ignorar lo social: el rechazo crece
Ya estamos viendo señales preocupantes. El informe alerta sobre cómo la percepción de políticas injustas está generando un creciente malestar social, que en algunos casos ha desembocado en movimientos de protesta como los chalecos amarillos en Francia, las huelgas agrícolas en Alemania, o manifestaciones por los combustibles en países como Ecuador y Kenia.
Estas reacciones no son un rechazo al objetivo ecológico, sino a la forma en que se implementan las medidas. Cuando las personas sienten que se les está exigiendo un esfuerzo desproporcionado —sin recursos, sin alternativas reales, sin voz—, el compromiso ambiental se resiente. Y eso nos afecta a todos.
Un índice para medir lo que realmente importa
Una de las herramientas innovadoras del estudio es el nuevo Índice de Vulnerabilidad Social a los Impactos Climáticos Físicos, desarrollado con datos de la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial. Este índice mide la capacidad de adaptación de cada país en cinco dimensiones: salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y envejecimiento.
Los resultados muestran que muchos países del sur global están doblemente expuestos: a los efectos físicos del cambio climático y a las limitaciones estructurales para enfrentarlo. Por eso, el informe subraya la urgencia de actuar con criterios de equidad y cooperación internacional.
Soluciones que ya están en marcha
A pesar del escenario desafiante, hay motivos para la esperanza. Iniciativas como el proyecto Gotita de Agua en México, apoyado por la Fundación ”la Caixa”, están demostrando que es posible aplicar soluciones locales con impacto global, incorporando la perspectiva de género, los saberes comunitarios y la educación ambiental.
El informe propone, además, una batería de medidas clave: aumentar la financiación climática hasta 1,3 billones de dólares anuales en 2035, ampliar los sistemas de protección social, invertir los ingresos de las ecotasas en comunidades desfavorecidas, facilitar la reconversión profesional en sectores contaminantes y acelerar el acceso a tecnología limpia. Todas ellas tienen algo en común: poner a las personas en el centro.
Porque proteger a los más vulnerables también es proteger nuestro futuro
En última instancia, el informe nos recuerda algo esencial: el coste del cambio climático no puede recaer sobre quienes menos tienen y menos responsabilidad tienen en la crisis. No solo sería injusto, también sería insostenible.
Si queremos construir un mundo resiliente, justo y habitable, necesitamos una transición ecológica que no deje a nadie atrás. Esa es la misión que comparten hoy la UNESCO y la Fundación ”la Caixa”. Y también, quizás sin saberlo, cada persona que cada día aporta su granito de arena para cuidar del planeta.
Puntos clave
- 2.500 millones de personas podrían verse expuestas a condiciones climáticas extremas en 2050; 239 millones en situación de extrema pobreza.
- 1.400 millones de mujeres se verán afectadas directamente entre 2040 y 2060.
- El 10 % de los países más ricos generan casi la mitad de las emisiones globales; los países más pobres soportan el mayor impacto climático.
- Políticas como impuestos al carbono y transiciones energéticas pueden agravar la desigualdad si no se implementan con justicia social.
- El informe propone aumentar la financiación climática a 1,3 billones de dólares anuales y fortalecer la protección social y el acceso a tecnologías limpias.
- El nuevo Índice de Vulnerabilidad Social revela profundas diferencias entre países y regiones en su capacidad de adaptación.