Las políticas que elevan la edad mínima para acceder a la pensión estatal logran efectivamente lo que persiguen: que las personas se jubilen más tarde. Así lo demuestra una reciente investigación publicada en Contemporary Economic Policy, basada en datos representativos de más de 16.000 personas del Reino Unido. El estudio analiza el impacto de los cambios legislativos sobre la edad de jubilación y concluye que estas reformas sí consiguen retrasar de forma significativa la salida del mercado laboral.
El artículo, firmado por los investigadores Lars Gorzig, José María Labeaga y Concepción Patxot, utiliza como base la UK Household Longitudinal Study (UKHLS), un estudio de panel que recoge datos sobre empleo, ingresos, salud y educación desde 2009. Mediante un modelo econométrico que incorpora variables instrumentales, los autores consiguen identificar el efecto causal del retraso en la edad de elegibilidad sobre el comportamiento laboral de hombres y mujeres en edad de jubilación.
Evidencia empírica robusta
Los autores se apoyan en dos reformas clave llevadas a cabo en el Reino Unido. La primera, implementada entre 2010 y 2018, elevó gradualmente la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años. La segunda, aplicada entre 2018 y 2020, aumentó esa edad a los 66 años tanto para hombres como para mujeres. Estos cambios legales, introducidos de manera progresiva según la fecha de nacimiento, ofrecen una oportunidad idónea para analizar cómo responden los trabajadores cuando se modifica el umbral legal de acceso a la pensión pública.
Los resultados son concluyentes: cuando se incrementa la edad mínima para cobrar la pensión estatal, las personas tienden a prolongar su vida laboral. “Encontramos que aumentar la edad de elegibilidad en un año eleva la probabilidad de que una persona continúe trabajando a esa edad entre 25 y 35 puntos porcentuales, dependiendo del subgrupo analizado”, explican los investigadores.
Mujeres y trabajadores con menor formación, los más afectados
Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que las mujeres y las personas sin estudios superiores son los grupos que más alteran su comportamiento cuando se modifican las reglas del sistema público de pensiones. En el caso de las mujeres, las reformas han tenido un efecto notable, probablemente porque muchas de ellas planeaban retirarse en torno a la edad oficial de jubilación y no disponen de ingresos alternativos suficientes para adelantar la salida del mercado laboral.
En cambio, los trabajadores con formación universitaria muestran una menor sensibilidad a los cambios en la legislación. Según el estudio, este grupo ya tendía a prolongar su actividad laboral por encima de la edad mínima, lo que sugiere una mayor flexibilidad financiera o una vinculación más fuerte con el entorno profesional.
El papel del mercado laboral y la salud
Aunque el estudio se centra en el efecto de la política pública sobre el comportamiento de los trabajadores, también tiene en cuenta otros factores que pueden incidir en la decisión de jubilarse. Entre ellos, la salud del individuo y su situación en el mercado de trabajo. La evidencia indica que quienes disfrutan de buena salud y tienen un empleo estable son más propensos a continuar trabajando tras los 60 años. Por el contrario, las personas con problemas de salud o empleos precarios tienden a abandonar antes el mercado laboral, incluso si no tienen acceso inmediato a la pensión pública.
Este punto plantea un dilema relevante para el diseño de políticas públicas: subir la edad de jubilación puede ser eficaz desde el punto de vista macroeconómico, pero también puede penalizar a quienes tienen menos recursos, peor salud o trayectorias laborales más discontinuas.
Implicaciones para la sostenibilidad del sistema
Los autores destacan que retrasar la edad efectiva de salida del mercado laboral es una de las herramientas más utilizadas por los gobiernos para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones. En un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de la esperanza de vida, este tipo de medidas buscan equilibrar las cuentas públicas y alinear los años de contribución con los de percepción de pensiones.
Sin embargo, también advierten que estas decisiones deben acompañarse de medidas complementarias para evitar efectos regresivos. “Si bien la ampliación de la edad de jubilación puede mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, también puede agravar las desigualdades si no se protege adecuadamente a los grupos vulnerables”, apuntan los autores.
Un debate que no es exclusivo del Reino Unido
Aunque el estudio se centra en el caso británico, sus conclusiones son extrapolables a otros países europeos que han emprendido reformas similares. En España, por ejemplo, la edad legal de jubilación se encuentra actualmente en proceso de ampliación gradual hasta los 67 años. Como en el Reino Unido, estas medidas persiguen ajustar el sistema a las nuevas realidades demográficas, pero también generan resistencia social, especialmente entre quienes temen no poder trabajar hasta edades avanzadas.
En este sentido, el estudio aporta evidencia valiosa para el debate público, al mostrar que los cambios legislativos no son neutros y tienen efectos concretos sobre el comportamiento de los ciudadanos. También pone de relieve la importancia de diseñar reformas que, además de eficaces, sean equitativas y tengan en cuenta las trayectorias vitales de quienes más pueden verse afectados.
El trabajo de Gorzig, Labeaga y Patxot demuestra que la política pública tiene un impacto directo sobre las decisiones individuales, y que elevar la edad mínima para acceder a la pensión pública es una medida eficaz para retrasar la jubilación. No obstante, su efecto no es homogéneo: varía en función del género, el nivel educativo, la salud y la estabilidad laboral. Para que estas reformas sean justas y sostenibles, deben ir acompañadas de políticas que protejan a los colectivos más vulnerables.
Puntos clave
- Un estudio británico demuestra que subir la edad mínima para cobrar la pensión pública retrasa efectivamente la jubilación.
- El análisis se basa en datos longitudinales de más de 16.000 personas y revela un efecto directo de las reformas sobre la vida laboral.
- Las mujeres y las personas sin estudios superiores son los grupos más afectados por el aumento de la edad de acceso a la pensión.
- El informe también alerta de los riesgos de desigualdad si estas políticas no se acompañan de medidas compensatorias.
- El caso del Reino Unido es extrapolable a otros países europeos, como España, que también han reformado su sistema de pensiones.