El apagón eléctrico que este lunes 28 de abril dejó sin luz a gran parte del territorio peninsular ha supuesto un punto de inflexión en la percepción pública sobre la seguridad energética en España. A las 12:32 horas, en medio de una jornada de producción renovable extraordinaria, el sistema sufrió una interrupción sin precedentes.
Las causas técnicas aún se investigan, y, en rueda de prensa el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica Eléctrica, Eduardo Prieto, descartó que la incidencia fuera causada por un ciberataque. No obstante, los hechos ya evidencian una realidad ineludible: el sistema eléctrico español atraviesa una fase de gran transformación, y necesita adaptarse con rapidez a los nuevos desafíos que plantea la transición ecológica.
La coincidencia del apagón con una jornada de precios descontrolados en el mercado mayorista ha puesto sobre la mesa la complejidad creciente de la gestión energética. Entre las 10:00 y las 18:00, el mercado registró precios nulos o negativos durante ocho horas consecutivas, alcanzando un mínimo histórico de -1,9 euros por megavatio. Se trata de un récord absoluto que se suma a una tendencia ya conocida: en 2024, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), se registraron 794 horas con precios cero o negativos. La jornada del 28 de abril, sin embargo, marcó un antes y un después en cuanto a duración e intensidad del fenómeno.
Un sistema al límite por la sobreproducción renovable
El auge de las energías renovables es uno de los mayores éxitos de la política energética española. Sin embargo, esta expansión también ha traído consigo efectos colaterales. La producción solar y eólica, al depender de factores climáticos, no siempre se ajusta a la demanda real. Ayer, por ejemplo, en plena franja central del día, el índice de radiación ultravioleta en Madrid alcanzaba el nivel 8 (muy alto), impulsando una generación solar masiva.
Esta sobreproducción provoca lo que los expertos denominan “canibalismo eléctrico”: diferentes fuentes renovables compiten por verter su energía al sistema en los mismos momentos, provocando un hundimiento de los precios. Esta situación no solo desincentiva la inversión en nuevas instalaciones, sino que afecta a tecnologías como la nuclear, que han comenzado a desacoplarse de la red por falta de viabilidad económica en un entorno de precios tan bajos.
El sistema, además, carece aún de un respaldo suficiente en forma de baterías u otras soluciones de almacenamiento que permitan absorber la electricidad sobrante y liberarla cuando la demanda lo requiere. Las empresas del sector vienen reclamando desde hace tiempo mecanismos de incentivo para introducir sistemas de almacenamiento y remuneraciones por capacidad, que garanticen estabilidad y previsibilidad.
Una estrategia de seguridad aún pendiente de renovación
El apagón ha vuelto a poner en primer plano la necesidad de actualizar la Estrategia de Seguridad Energética de España, que no se renueva desde 2019. En 2020, el Gobierno anunció su intención de revisarla, consciente de los cambios estructurales en el sistema energético y de la aparición de nuevos riesgos, desde ciberataques hasta fenómenos meteorológicos extremos. La propuesta incluía la creación de un Comité Técnico interministerial y un Comité de Expertos para abordar la cuestión de forma transversal. No obstante, el documento definitivo aún no se ha hecho público.
En paralelo, se trabaja en otras herramientas complementarias, como la Reserva Estratégica de Capacidades Industriales (Recapi), un catálogo de recursos esenciales movilizables en caso de emergencia. También se están desarrollando sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial, que permitirán detectar disfunciones antes de que se traduzcan en crisis como la vivida esta semana. Aunque estos proyectos están aún en fases preliminares, marcan un camino claro hacia una planificación más preventiva.
Más allá del apagón: una oportunidad para fortalecer el modelo
Lo ocurrido este lunes ha demostrado que la transición energética, aunque imprescindible, necesita estar acompañada de una infraestructura robusta y flexible. El modelo energético del futuro debe ser capaz de gestionar la variabilidad de las renovables, integrar nuevas tecnologías, y hacerlo de forma segura y equitativa.
España, con uno de los potenciales renovables más altos de Europa, está en una posición privilegiada para liderar este proceso. Pero para ello es fundamental reforzar los mecanismos de coordinación, dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta y anticipación, y avanzar con decisión en reformas estructurales. Lo sucedido no es una llamada de atención al fracaso, sino una oportunidad para consolidar una transición energética que sea no solo limpia, sino también resiliente.
Mirando al futuro
El gran apagón no debe interpretarse como una anomalía aislada, sino como un reflejo de las tensiones de un sistema en plena evolución. Lejos de señalar culpables, es momento de avanzar en un enfoque colaborativo que una a instituciones, empresas y ciudadanía en la construcción de un nuevo modelo energético.
La energía renovable seguirá siendo la columna vertebral del sistema, pero necesita ser acompañada por regulación inteligente, inversión en almacenamiento y planificación estratégica a largo plazo. Lo ocurrido este 28 de abril quedará como un hito en la historia energética del país. Lo que se haga a partir de ahora marcará la diferencia entre una transición improvisada o una transformación ejemplar.
Puntos clave:
- El país lleva cinco años con una estrategia caducada, a pesar de que el Gobierno anunció su revisión en 2020.
- La estrategia de seguridad energética busca prevenir y coordinar respuestas ante diversas amenazas energéticas.
- El apagón coincidió con precios negativos récord en el mercado mayorista eléctrico. Este fenómeno, causado por un exceso de producción renovable, revela un desequilibrio en el sistema y anticipaba posibles problemas.
- La falta de almacenamiento y de incentivos para gestionar la producción exacerban la fragilidad del sistema eléctrico.
- A pesar de diversas iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad energética y la respuesta a crisis, como la Recapi y un sistema de alerta temprana, estos proyectos aún no se han concretado.