El Ministerio de Hacienda ha publicado una resolución oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que marca el inicio del pago del incremento salarial adicional del 0,5% pendiente para más de tres millones de empleados públicos estatales.
Este aumento se abonará en la nómina correspondiente a julio y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, cubriendo así los atrasos acumulados desde principios de año.
¿A quién afecta este aumento salarial?
Más de tres millones de trabajadores públicos, incluidos funcionarios, personal estatutario y laboral del sector estatal, así como empleados de comunidades autónomas y corporaciones locales, recibirán esta alza en sus próximos recibos. El incremento forma parte del acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI, firmado entre el Gobierno y los principales sindicatos CCOO y UGT para el período 2022-2024.
Este acuerdo establece una subida salarial fija y consolidable que suma hasta un 9,5% en total para el trienio, incluyendo incrementos del 3,5% en 2022 y 2023, un 2% en 2024, y el 0,5% adicional que se ejecuta ahora, según explicó Hacienda en la resolución publicada.
¿Cómo se aplicará la subida y los atrasos?
La subida del 0,5% se calculará sobre las retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2023 y se incorporará a la nómina de julio, salvo que existan dificultades técnicas o formales para hacerlo, en cuyo caso se añadirá en la siguiente nómina disponible.
Además, esta subida se pagará como una paga única que incluye los atrasos desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha del pago, consolidándose para que el incremento forme parte permanente de los salarios futuros.
Para facilitar la gestión, Hacienda ha emitido instrucciones específicas para que las diferentes entidades y ministerios puedan realizar los cálculos y pagos de forma ágil y coordinada, incluyendo a altos cargos, personal directivo y otros colectivos con particularidades en sus nóminas.
Cambios de destino y situaciones especiales
El ministerio o entidad en la que preste servicios actualmente el empleado público será el responsable de abonar los atrasos si no ha cambiado de destino desde el 1 de enero. Si el trabajador ha cambiado dentro del sector público estatal, el centro que abonó las retribuciones anteriores deberá pagar los atrasos, previa solicitud del interesado.
Quienes hayan cambiado a otras administraciones públicas o quienes hayan estado inactivos o hayan perdido la condición de empleado público durante el periodo también deberán solicitar el pago, y en caso de fallecimiento, los herederos podrán reclamarlo.
Esta normativa también contempla la liquidación de atrasos para personal laboral, ajustándose a lo que estipulen sus convenios colectivos o aplicando el pago en la nómina siguiente a la finalización de los trámites legales.
¿Por qué esta subida salarial?
El incremento del 0,5% aprobado se basa en la revisión del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de los últimos años. La ley establecía que si la suma del IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 superaba el aumento salarial fijo ya aplicado (8%), se debía aplicar un aumento adicional para compensar la inflación real.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA fue del 5,5% en 2022, 3,3% en 2023 y 2,8% en 2024, sumando un total del 11,6%. Esta cifra supera el 8% fijado, activando la subida del 0,5% pendiente.
Esta medida garantiza que el poder adquisitivo de los empleados públicos no se erosione y refleja el compromiso del Gobierno con la actualización salarial vinculada a la inflación.
Impacto para los empleados y el sector público
Con esta subida, el incremento total para 2024 alcanza el 2,5%, sumando el 2% ya aplicado en meses anteriores y el 0,5% pendiente que se abonará ahora. Este aumento consolidado aporta estabilidad y mejora económica para los trabajadores públicos, en un contexto económico marcado por la inflación y la incertidumbre global.
El efecto es especialmente relevante para sectores como educación, sanidad, administración pública y fuerzas y cuerpos de seguridad, donde la mayoría de los empleados dependen de estos ajustes para mantener su poder adquisitivo.
Los sindicatos CCOO y UGT valoran positivamente esta medida, que consideran justa y necesaria para asegurar el bienestar de los empleados públicos tras varios años de esfuerzos y negociaciones.
Qué esperar en adelante
La revalorización salarial acordada para el período 2022-2024 apunta a consolidar un marco estable para la función pública, con incrementos salariales vinculados a indicadores económicos y negociaciones periódicas. Los empleados deberán revisar sus nóminas a partir de julio para comprobar que el aumento y los atrasos se han aplicado correctamente.
Esta subida también influye indirectamente en el gasto público y en la política económica del Gobierno, que debe equilibrar las demandas salariales con la estabilidad presupuestaria y el crecimiento económico sostenible.
Puntos clave
- Hacienda ordena el pago del 0,5% extra pendiente para empleados públicos estatales en julio 2025.
- El incremento incluye atrasos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
- Esta medida afecta a más de tres millones de funcionarios y trabajadores públicos de comunidades y corporaciones locales.
- La subida se suma al 2% aplicado previamente en 2024, alcanzando un total del 2,5%.
- Los empleados con cambios de destino o en situaciones especiales deben solicitar atrasos.